Page 152 - CONTAMINACION DEL AGUA

Prefectura del departamento. A partir de este documento, como señalan autoridades de
la citada Prefectura, debieran realizarse inspecciones ambientales conjuntas entre la em­
presa petrolera, el Ministerio y la propia Prefectura. Dicha inspección, que permitiría el
seguimiento permanente o periódico de las empresas en relación al impacto de su acti­
vidad en el medio ambiente, es imposbile en las acutales condiciones porque requiere
personal técnico y recursos logísticos con los que el Ministerio y la Prefectura no cuen­
tan. Por ello, la propia Prefectura propone modificar el reglamento de la Ley de Hidro­
carburos de manera que sean los municipios quienes asuman las tareas de seguimiento
y control, propuesta que resolvería las actuales dificultades del gobierno central y haría
verdaderamente efectiva y útil la información que contienen los reportes de monitoreo
ambiental que producen las petrolera. Hasta la fecha, dicha información sólo es procesa­
da por un perito designado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible cuya función de nin­
guna manera logra cubrir las expexttivas de control y monitoreo quie exige la población.

3. La normativa de la información ambiental
En el Reglamento General de Gestión Ambiental se establece que:

Toda persona natural y colectiva, pública o privada, tiene derecho a obtener información sobre el
medio ambiente mediante solicitud escrita a la Autoridad Competente pública o sectorial.

También se determina que el Sistema Nacional de Información Ambiental tiene
como una de sus funciones distribuir y difundir la información obtenida a las personas
naturales o colectivas, públicas o privadas que la requieran.
A pesar de la existencia de una normativa tan clara respecto al acceso de la infor­
mación ambiental, las organizaciones sociales y políticas de la zona de estudio chocan
con grandes dificultades para contar con esa información. Es el caso de las unidades
ambientales del Corregimiento y Municipio locales que cuando requieren información
o tarda por lo emnso dos meses o simplemente no llega. Si así sucede en las instancias
de gobierno local, no es difícil imaginar cuán difícil les resulta a las organizaciones rura­
les y originarias acceder a dicha información. Pero además, el propio gobierno departa­
mental —la Prefectura— en su instancia obligada a poseer esa información (la Dirección
Ambiental), adolece de grandes insuficiencias pues no existe ni siquiera un listado, una
recopilación de los EEIA que realizan las empresas petroleras.

133