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insuficientes capacidades técnicas y económicas que se requiere para cumplir funcio­
nes según la competencia que les otorga la Ley de Medio Ambiente,
Otro factor de debilidad de los municipios es el relacionado a la formulación de
planes de Acción Ambiental cuya elaboración depende de los niveles de decisión y le­
gislación municipal donde juegan un rol vital el Alcalde, como primer actor político, y
el Consejo Municipal, en segunda instancia, para dar todo el apoyo que requieren las
unidades de Medio Ambiente municipales.
Respecto de la labor de los municipios sobre los Estudios de Evaluación de Im­
pacto Ambiental (EEIA), urge ampliar las actuales atribuciones de simple revisor para
ampliarlas a las de supervisión del cumplimiento de estos estudios especialmente en
aquellos aspectos relacionados a los planes de mitigación y compensación económica
que requieren mayor vigilancia y permanente observación. Igual tarea deben cumplir
los municipios, en coordinación con el Corregimiento Mayor, respecto de la Consulta
Pública, especialmente para establecer la calidad de la misma, un vacío varias veces ma­
nifestado por las Organizaciones No Gubernamentales.
Sobre la competencia municipal de vigilar las actividades que afectan al medio
ambiente y recursos naturales, esta función será muy difícil de cumplir si no se incorpo­
ra la participación de la sociedad civil. Finalmente, por la extensión y complejidad de
las actividades de control, manejo y uso de los recursos naturales, es imprescindible el
esfuerzo municipal en la búsqueda y dotación de recursos financieros para cumplir con
estas tareas.

8. Participación ciudadana y cumpiimiento de la Gestión Ambiental
Está establecido en la ley que la sociedad civil puede participar de diferentes maneras
en la protección, manejo, control y fiscalización de los recursos naturales. Igualmente,
cualquier persona tiene derecho a participar e intervenir en la gestión ambiental, y a
ser informada sobre cualquier aspecto relacionado al medio ambiente. Un ejemplo con­
creto de estos derechos se refleja en la forma en que deben elaborarse los Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) donde se estipula claramente que la población
involucrada y sus organizaciones deben ser consultadas.
A pesar la existencia de estos derechos, autoridades y pobladores de la zona de
estudio manifiestan sentirse ajenos a todo lo que significa una participación activa en
la ejecución de medidas de mitigación, cuidado del medio ambiente, supervisión y

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