Page 34 - CONTAMINACION DEL AGUA
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cantidades  de gas y condensado, algunos  de  ellos  aún se encuentran en  producción,
             como  el  campo  San  Roque y Villa  Montes,  mientras  que  los  campos  de  Sanandita,
             Camatindi, Tahiguati, Galgua y Los Monos, han sido abandonados.
                 Actualmente,  toda la Serranía ha sido entregada a concesiones petroleras, inclu­
            yendo las áreas situadas en sus inmediaciones: al sur, la concesión de San Alberto, con
             un campo de exploración de 40.832 hectáreas; en el lado oeste, el Bloque San Antonio,
             con un campo de exploración de 48.750 hectáreas  (ambas operadas por Petrobras); al
             centro y norte de la Serranía, el Bloque de Chaco S.A.,  con un área de exploración de
             57.690 hectáreas.
                 Como  se  hace  evidente,  los  acontecimientos  ocurridos  en  la  actividad
             hidrocarburífera en Bolivia durante cerca de 100 años, han determinado cambios políti­
             cos y económicos de significativa importancia en la historia del país. Sin embargo, sólo
             a partir de 1995, cuando se promulgan los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente,
             es que se toma en cuenta la importancia del aspecto medioambiental en este largo pro­
             ceso.  En el caso concreto del departamento de Tarija, debido a las políticas de conce­
             sión de  campos hidrocarburíferos  y a los  atrayentes  mercados  de gas  natural  en  los
             mercados internacionales, la exploración de hidrocarburos se ha intensificado hasta el
             punto de convertir al Chaco tarijeño en la región que guarda en su subsuelo el 85% de
             las reservas de gas natural a nivel nacional. Dicha situación ha generado grandes expec­
             tativas económicas para el departamento, basadas en el nivel de regalías que provienen
             del mercado de hidrocarburos y que llegan sólo a un 11% del 18% que recibe el Estado
             de las empresas petroleras, a quienes les corresponde el restante 82%.























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