Page 45 - CONTAMINACION DEL AGUA

La empresa Repsol ha causado serios daños ambientales en la agricultura, bos­
ques, fauna y salud de la población local por actividades de exploración petrolera
en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isidoro Sécure (TIPNIS), ubicado en
el Chapare cochabambino y en la provincia Moxos del departamento del Beni. La
empresa citada desarrolló un total de 1.500 kilómetros de apertura de líneas
sísmicas en dos fases, la mayoría de ellas dentro del Parque. Paralelamente, se han
denunciado otros daños causados en la mima región y por la misma empresa por
la perforación del pozo exploratorio de Villa Tunan cuyos crudos y lodos fueron
vertidos al río San Mateo. Asimismo, se denunciaron incumplimientos del plan de
recuperación y restauración de las deforestaciones causadas en el río Isinuta.
El estudio denominado “Problemática socioambiental del gasoducto Bolivia-Bra-
sil, la experiencia boliviana”, analizó el impacto causado por el mencionado ga­
soducto cuya construcción se inició en mayo de 1998 y cuyo diseño atraviesa el
Pantanal boliviano. Los resultados de ese estudio señalan la insuficiente difusión
y participación pública del proyecto, el mal cumplimiento y/o falta de
complementación del Plan de Manejo Ambiental, así como deficiencias en el
monitoreo ambiental. El estudio observó, además, la existencia de problemas oca­
sionados por impactos negativos al medio ambiente, problemas socioeconómicos
y culturales en las regiones donde se implementó el gasoducto.

Basándose en esta problemática, PROBIOMA planteó que la administración de los
recursos destinados a paliar el impacto de las actividades hidrocarburíferas en el
medio ambiente pase a manos de las organizaciones locales y promovió la organi­
zación del primer Comité de Fiscalización integrado por representantes locales
para que participen en las tareas de monitoreo, fiscalización y evaluación de pro­
gramas sociales y ambientales que forman parte del Plan de Manejo Ambiental
(PMA) y del Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) de la región. El men­
cionado Comité estableció que los impactos sociales, ambientales y económicos
no tienen precio, rechazó la compensación económica que entregan las empre­
sas petrolera y planteó el pago por el usufructo del territorio.
El Comité de Fiscalización promovido por PROBIOMA organizó medidas de pre­
sión para hacer cumplir sus demandas y logró el aumento del presupuesto del
plan de compensación inicial que contemplaba el proyecto. La organización

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